Lo que GreenPeace y los candidatos Presidencia México proponen hacia la sustentabilidad #Elecciones2018

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Cambio climático y pérdida de biodiversidad

En el marco del tercer y último debate de los candidatos a la Presidencia de la República, en el que se abordaron los temas de desarrollo sustentable y cambio climático, Greenpeace manifiesta su preocupación ante la ausencia de propuestas concretas para que México contribuya a disminuir las causas y efectos del cambio climático así como la pérdida de biodiversidad, dos de las amenazas ambientales más graves que enfrenta la humanidad y que están relacionadas entre sí.

México es considerado dentro de los 12 países megadiversos del mundo y al mismo tiempo ocupa el décimo tercer lugar de los países con más emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), siendo el consumo de combustibles fósiles (64%) el rubro que más aporta a ellas, seguido por la producción pecuaria (10); procesos industriales (8%); manejo de residuos (7%) emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y
minerías (6%) y actividades agrícolas (5%). [1]

Estos rubros están asociados a la movilidad, la calidad del aire, la producción de alimentos, la gestión de residuos, los océanos y la conservación de la biodiversidad que impactan a los más de 123 millones de personas que habitamos este país.

El desafío está en reducir las emisiones no sólo desde la fuente, sino también conservar sanos los grandes reservorios de carbono como los océanos, los bosques y selvas para proteger nuestro patrimonio natural y cultural, el que históricamente ha quedado de lado en las políticas públicas, tendencia que lamentablemente continúa en las propuestas de los cuatro candidatos.

Las plataformas electorales y propuestas en el debate de los aspirantes a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya de la Alianza Por un México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano); Andrés Manuel López Obrador de la Coalición
Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT); José Antonio Meade de la Coalición
Todos por México (PRI, PVEM y Nueva Alianza) y Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, carecen de un enfoque contundente para lograr el desarrollo sustentable, que ponga al centro la conservación de los recursos naturales y medios de vida dignos y justos para las personas.

El cambio climático y la pérdida de biodiversidad no son exclusivos de la esfera medioambiental, necesariamente cruzan por la economía, la política y lo social incluyendo los derechos humanos, tras revisar los puntos relacionados con estos
temas encontramos que falta solidez en las propuestas por lo que en ocasiones resultan contradic

Movilidad y calidad el aire

Hay una tendencia generalizada hacia el crecimiento poblacional en ciudades. En 2014 casi 54% de la población mundial habitaba en éstas y se estima que para 2050 aproximadamente el 66% de las personas vivirá en zonas urbanas. Las ciudades son responsables de aproximadamente 78% de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), por la quema de combustibles fósiles y los procesos industriales  [2]

El acelerado y poco planeado proceso de urbanización y crecimiento en diversas ciudades del país, así como el incremento del nivel de motorización han implicado un detrimento notorio de la calidad del aire. Esta situación ha tenido impactos severos en la salud humana, tomando en cuenta que más de 17,000 de las muertes que ocurren anualmente en el país están asociadas con la calidad del aire y serían evitables si se cumplieran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la materia [3]

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha documentado que las afectaciones a la salud asociadas a la contaminación del aire incrementan el ausentismo y las incapacidades laborales, además del gasto en medicinas y consultas médicas para las familias. Los costos sumados de estos impactos alcanzan anualmente los 577,698 millones de pesos, una suma equivalente al 3.2% del

Producto Interno Bruto.

La relación innegable entre movilidad y calidad del aire no se aprecia en las propuestas de los candidatos. Cuestiones fundamentales como la planeación urbana, la transformación de los servicios de transporte público o el fomento al uso de tecnologías limpias llegan a ser mencionadas de manera superficial, develando una falta de análisis profundo de la problemática y sus soluciones.

Si bien, dentro de las propuestas de los candidatos es posible observar algunas medidas para mejorar la calidad del aire en las ciudades del país, así como la gestión vehicular en el contexto de la movilidad, algunas de estas medidas resultan ambiguas o no definen concretamente líneas de acción para combatir el fondo del problema.

En el caso de Andrés Manuel López Obrador, sus propuestas incluyen ámbitos más específicos de actuación para mejorar la calidad del aire tanto en entornos urbanos como rurales. Destacan aspectos positivos como el ajuste de las Normas Oficiales Mexicanas de calidad del aire, a los estándares propuestos por la OMS, lo cual es indispensable para detonar cambios en rubros como el transporte; el ajuste de las normas de eficiencia energética asociadas a motores de vehículos; fortalecer el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC); emitir regulaciones relacionadas con la calidad del aire, adaptadas a cada cuenca atmosférica; monitoreo de la calidad del aire a nivel nacional; mejorar la calidad de los combustibles, entre otras medidas como el manejo forestal comunitario para reducir incendios forestales. Aunado a ello dice que promoverá la movilidad activa (a pie y en bicicleta) así como el uso de transporte público.

Ricardo Anaya es el candidato que tiene más menciones en cuanto a mejorar la movilidad a través de un plan integral de desarrollo de la infraestructura de transporte urbano e interurbano, privilegiar las soluciones de transporte público, y fortalecer la infraestructura logística para la operación intermodal. También incluye la propuesta de crear un nuevo modelo de desarrollo urbano y territorial en el país que fomente la creación y adecuación de ciudades a criterios de sostenibilidad. Aunque estas medidas contribuyen a mejorar la calidad del aire, no se reconoce de manera expresa este problema, y no se incluyen propuestas encaminadas a mejorar el marco regulatorio existente, lo cual es una condición básica para resolver el fondo del problema.

En los casos anteriores, las plataformas de ambos candidatos no dan mayores detalles o líneas de acción concretas para lograr tales objetivos, ni dejan ver claro el importante papel que la movilidad puede tener en la transición energética y la reducción de GEI a través de medidas como la electromovilidad tanto en la infraestructura de transporte público, como en vehículos privados.

La única propuesta de José Antonio Meade en este tema se enfoca en mejorar la gestión de la calidad del aire a través de líneas muy genéricas y poco específicas como la reducción de emisiones del sector transporte, así como el establecimiento de cuencas atmosféricas.

A continuación se detallan los ejes temáticos y líneas de acción que desde Greenpeace se proponen para una mejora sustancial de la movilidad como elemento para combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire en las ciudades del país requiere trabajar en problemas transversales como la actualización de la normatividad, la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional y el desarrollo de una cultura de planeación a largo plazo.

● Desarrollo urbano sostenible. Es primordial impulsar ciudades compactas, densas, mixtas y participativas con visión metropolitana. Para ello, es necesario establecer incentivos para articular las políticas territoriales con desarrollo urbano y movilidad; impulsar proyectos interurbanos, y desarrollar una política nacional de vivienda asequible con accesibilidad a un transporte público de calidad. a) Fortalecer el programa de desarrollo urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la implementación de la Ley de Asentamientos Humanos y la Nueva Agenda Urbana, disponiendo de programas de acompañamiento y capacitación municipal por tipologías de municipios. b) Establecer incentivos para articular las políticas territoriales con desarrollo urbano y movilidad. c) Impulsar proyectos interurbanos y asignar presupuesto para su implementación.  d) Desarrollar una política nacional de vivienda asequible orientada al transporte.
● Cambio radical en los sistemas de transporte público. Se debe aumentar la calidad, seguridad y accesibilidad bajo un enfoque de sustentabilidad. Desde el enfoque federal, este objetivo debería perseguirse mediante la generación de un marco institucional federal que permita acelerar los procesos de transformación del transporte público en las ciudades; la implementación de proyectos de transporte masivo metropolitanos; impulsando y priorizando proyectos de electro movilidad y tecnologías limpias en sistemas de transporte público;  financiando proyectos de movilidad sustentable con perspectiva de género y reducción de inequidad social; estableciendo esquemas de financiamiento e incentivos fiscales para la adquisición de autobuses de cero emisiones, así como la generación de incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos.
● Impulsar la movilidad peatonal y ciclista. Promover entornos seguros y accesibles mediante las líneas de acción que incluyan impulsar una estrategia nacional de movilidad peatonal y ciclista; trabajar de la mano de los gobiernos locales y estatales en el desarrollo de proyectos de movilidad no motorizada; asignar recursos a proyectos sustentables que tengan este enfoque, así como complementar los fondos de financiamiento al transporte con fondos para programas de movilidad no motorizada.
● Reducir y optimizar el uso del auto. Se deben impulsar acciones para gestionar la demanda de viajes en automóvil. Mitigar los impactos del cambio climático y reducir las emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire es solo posible si se reduce y optimiza el uso del automóvil privado. Se requieren incentivos para utilizar nuevas alternativas al tiempo que se generan restricciones que desalienten su uso excesivo. Implantar estándares y tecnologías más altos y eficientes en su uso, tanto en materia ambiental como de seguridad.
● Invertir en movilidad sustentable. Se deben establecer esquemas de financiamiento y un paquete de instrumentos fiscales que apoyen la consolidación de un sistema integrado de transporte, que permitan invertir en desarrollo, mantenimiento e innovación de los sistemas de  movilidad y generen programas de desarrollo urbano que promuevan ciudades densas y compactas.
● Realizar una actualización de las normas que regulan tanto los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para que cumplan con los parámetros establecidos por la OMS, observando los estándares internacionales para estos apartados, como la calidad de los combustibles que se consumen. a) Publicación de la norma técnica de medición de partículas PM2.5 y PM10. b) Publicación de la Norma del Índice Nacional de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud. c) Actualizar la norma NOM-021 (monóxido de carbono). d) Actualizar la norma NOM-022 (dióxido de azufre), cuyo límite permisible de contaminación en promedio de 24 horas es casi 16 veces el límite
recomendado de salud de la OMS. e) Actualizar la norma NOM-023 (dióxido de nitrógeno).
● Fortalecer la institucionalidad a cargo de las decisiones en torno al monitoreo y a la garantía de una buena calidad del aire. a) Reforzar la implementación y el fortalecimiento de las redes de monitoreo de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y a la NOM-156. En el país actualmente se cuenta con 22 redes de monitoreo, pero existen más de 34 zonas urbanas que de acuerdo con las normativas y leyes que deberían contar con una red de monitoreo y alertar a la población de la calidad del aire. b) Aumentar la capacitación técnica para el mantenimiento, operación y ubicación de las estaciones de monitoreo. En la mayoría de las redes existen serias debilidades en la captura, confiabilidad y representatividad de los datos.
c) Comunicación de la información de la calidad del aire. Hay riesgos no comunicados a la población por falta de datos en tiempo real en varias redes de monitoreo del país. Presentar la información relacionada con la calidad del aire y sus impactos en la salud de la población de  manera que sea posible comprender las implicaciones y consecuencias de la contaminación del aire, por ejemplo en los casos en que se presenten contingencias ambientales.

Agricultura

Los candidatos a la presidencia han olvidado al campo mexicano como sector clave para proteger los recursos naturales y el patrimonio biocultural del país. La agricultura y la ganadería deben dejar de verse solo con una perspectiva economicista, pues el sector agropecuario contribuye con el 15% de la emisión de GEI en el país [4], y es de los principales responsables de la pérdida de superficie boscosa, cuyo cuidado y manejo radica en las comunidades productoras y comunidades indígenas.

Sin embargo las propuestas de la mayoría de los candidatos en términos agrícolas han sido más de lo mismo: mercantilización de los  recursos naturales, el fortalecimiento de un modelo agroindustrial, donde la solución de los problemas de las 5.5 millones de personas que se dedican al campo se reduce al otorgamiento de apoyos para producir más monocultivos y con el uso de insumos altamente peligrosos para la salud y para el medio ambiente, y no así para ser incluidos en un esquema más justo de comercio y  producción, con acceso a tecnologías ecológicas de producción que garantice una producción económica y ambientalmente sostenible.

No se puede seguir ignorando a la agricultura y la ganadería e ignorar todos los procesos ambientales y sociales que conlleva la producción de alimentos, desde el acceso a la tierra fértil, al agua, y al manejo de los recursos naturales para conseguir una producción sostenible que hasta ahora se ha visto imposibilitada por los mismos programas de gobierno que deberían perseguir este objetivo y con ello garantizar medios de vida dignos, sobre todo considerando que la población más afectada por el cambio climático, es la que se encuentra en zonas rurales y campesinas

Cada año se ha reducido el presupuesto al campo, haciendo recortes cada vez más serios a los distintos programas de apoyo al sector agropecuario. Para el actual ejercicio se redujo 16.7 por ciento el gasto para este sector, que pasó de 84 mil 827 millones de pesos a 70 mil 597 millones.

Ejemplo de ello, es que en los últimos seis años la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajusta a la baja los recursos originalmente aprobados al Programa Especial Concurrente (PEC) en 13 mil 838.2 millones de pesos en promedio, y a su vez, al cierre del año las erogaciones pagadas son inferiores al presupuesto modificado, en promedio, en 5 mil 869.8 millones de pesos. Estos ajustes a la baja  y los mayores rezagos en el gasto de los recursos del PEC, afectan el cumplimiento de la visión estratégica de dicho programa 2014-2018 que busca “lograr un desarrollo integral y sustentable de la comunidad rural que garantice calidad de vida y el bienestar de sus habitantes… a fin de lograr un sector rural más justo, productivo, rentable y sustentable” de acuerdo con la Sagarpa, donde las vertientes con mayores rezagos  en la ejecución del gasto son las de Competitividad, Infraestructura y Medio Ambiente [5]

De los cuatro candidatos, solo dos (Meade y AMLO) se han reunido con organizaciones campesinas de agricultura de pequeña escala. Por otro lado Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez, no le han dado la relevancia al sector agropecuario como para integrarlo en sus plataformas más allá de las actividades económicas que deben mencionar.

El único candidato que ha mostrado una propuesta más integral es Andrés Manuel López Obrador quien ha prometido impulsar la agricultura ecológica; sin embargo ha sido insuficiente ya que no ha presentado medidas claras en términos de política pública y en un contexto donde cada año ha habido recortes sustanciales al presupuesto para el campo y los recursos que se han asignado se han destinado a dar continuidad a un modelo de agricultura industrial y a mantener condiciones desiguales de comercio para los productores.

A pesar de ello, las y los productores de alimentos del país, cada año se enfrentan al creciente problema climático que se evidencia en temporadas de sequías, inundaciones, huracanes y heladas, así como a la degradación de los ecosistemas,  situación que se ve además afectada por el contexto de violencia e inseguridad, y donde las personas más jóvenes no encuentran en el campo un medio de vida digno.

Mientras cada vez más gobiernos del mundo han optado por modelos de agricultura ecológica que protejan los recursos naturales y la salud de las personas, en México los subsidios al campo siguen fomentado a nivel federal el uso de plaguicidas altamente peligrosos -se aplican 140 plaguicidas que han sido prohibidos en otros países por su alta toxicidad-, e incluso sigue abierta la puerta a los transgénicos como una amenaza latente hacia la diversidad biológica de nuestras semillas, como el maíz, del que somos centro de origen.

En propuestas como las de López Obrador y Meade, se busca aprovechar la biotecnología, lo cual podría ser positivo si se impulsan tecnologías como la Selección Asistida por Marcadores, y no así los transgénicos, tecnología impulsada por la agroindustria a pesar de los riesgos que conlleva su liberación, razón por la cual han sido frenados en el país gracias a las miles de personas consumidoras, productoras, campesinas, y de la academia, que han alzado la voz para frenar la siembra de maíz transgénico en el país, y detener la de la soya genéticamente modificada en la Península de Yucatán debido a las violaciones de derechos de las poblaciones indígenas, respecto a los cuales no se han posicionado ninguno de los 4 candidatos.

La tierra, el agua, las semillas, las especies que hacen posibles los alimentos que consumimos, dependen de decisiones estratégicas, voluntad política, traducidas en políticas públicas, así como de la integración de las comunidades en esas decisiones, para asegurar una producción de calidad, suficiente y digna para las más de 24 millones de personas que aún sufren de carencia alimentaria en el país, y para el 58.2 por ciento de la población en situación de pobreza que radican en las zonas rurales [6], donde uno de los principales medios de vida es el trabajo en el campo. Sin una visión que integre estos elementos en una estrategia interinstitucional y multisectorial, los candidatos seguirán en su discurso romántico del impulso al campo a través de subsidios que acabarán en saco roto sin resolver el problema de la provisión de alimentos ni del bienestar social, y que amenaza los recursos bioculturales con los que contamos como país.

En este contexto, donde la problemática del campo está inherentemente conectada con la protección de los recursos naturales, de la diversidad biológica y de derechos humanos como la alimentación adecuada, la salud y un medio ambiente sano, es urgente que los candidatos a la Presidencia presenten medidas concretas para reorientar los recursos públicos que garanticen:
● Cadenas cortas agroalimentarias económicamente viables, basadas en modelos agroecológicos y en los marcos de derechos humanos,
● Una mayor inversión en la investigación y evaluación de los programas de gobierno para conseguir alimentos de calidad y suficientes para  todas las personas
● La apertura de mercados basados en el comercio justo, y medios de distribución de la producción local para conseguir la sostenibilidad
● Transparentar y evaluar las cadenas de suministros de las grandes empresas y las prácticas productivas a lo largo de las mismas
● Modificar el marco regulatorio para prohibir las sustancias altamente peligrosas y eliminar paulatinamente el uso de agrotóxicos, así como prohibir el uso de cultivos genéticamente modificados
● Integrar a las poblaciones indígenas en el diseño y toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales y el territorio Biodiversidad

Considerando las propuestas de los actuales 4 candidatos a la presidencia de México quedan muchas dudas sobre el futuro del medio ambiente y nuestra política de combate al cambio climático y la pérdida de la biodiversidad lo que tiene como consecuencia una pérdida de capital genético y el deterioro de los ecosistemas.

La ubicación geográfica privilegiada de México lo convierte en un país marítimo o al menos con una preocupación importante por los océanos. En el último sexenio se ha aumentado la superficie de territorio marítimo destinado a la conservación [7], triplicando lo anteriormente decretado y con el Área Natural Protegida más grande de América del Norte, el Parque Nacional Revillagigedo [8].

Estos avances en materia de protección distan mucho de la realidad. Aún existen 80 Áreas Naturales Protegidas (ANPs) que ni siquiera tienen Programa de Manejo para asegurar adecuadamente los recursos que intentan proteger.

Aunque Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade hacen énfasis en la protección de los recursos naturales fortaleciendo las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y las instituciones que las resguardan, no hay señales de cómo se harán estas medidas; por ejemplo: si se implementarán nuevos y mayores presupuestos a las instituciones que salvaguardan el patrimonio natural de México o se darán nuevas atribuciones a organismos como la Procuraduría Federal para la Protección al Ambiente (Profepa) o la Gendarmería Ambiental creada en el sexenio de Peña Nieto.

Ninguno de los candidatos pone en sus propuestas la necesidad de que las ANPs cuenten con sus respectivos Programas de Manejo actualizados y acorde con su realidad, consensuadas con las comunidades para evitar conflictos y se garantice el derecho a un medio ambiente sano, lo que prende el foco rojo de que se decreten más ANPs, como lo ha hecho el gobierno hasta ahora, solo dibujando simbólicos polígonos en tierra o mar, sin que realmente se realicen las actividades de conservación y manejo necesarias.

En el caso de las pesquerías en México, se hace énfasis en un manejo sustentable de los recursos pesqueros sin mencionar siquiera cómo se harán esas medidas y cuánto costarán al futuro gobierno.

Ninguno se posiciona en contra de la pesca ilegal, un tema de vital importancia si queremos asegurar la sostenibilidad de la pesca en México y evitar que cada vez sean más las especies que se suman a la NOM-059 de especies en peligro de extinción que enlista a más de 2,600 en su haber y cuyo caso emblemático es la vaquita marina, sobre el cual ninguno de los candidatos habla, pese al llamado internacional para
salvar a la especie.

El caso de la vaquita marina también evidenció la descoordinación entre las dependencias gubernamentales pesqueras y de medio ambiente, provocada principalmente por una visión distinta sobre cómo aprovechar los recursos de este sector. Andrés Manuel López Obrador dice que creará acuerdos entre las instituciones del gobierno federal sin detallar cuál es su visión, mientras que el candidato Jaime Rodríguez hace un énfasis mercantilista de fomentar la inversión pública y privada en esta materia sin siquiera evaluar la sostenibilidad.

El análisis que realizan los candidatos en materia medioambiental es muy pobre y  demasiado somero para las necesidades del país, que en materia de protección de la biodiversidad y cambio climático deben aportar más a la discusión, incluyendo:
● Un posicionamiento de los candidatos en materia de pesca ilegal en México y la forma de combatirla.
● Un programa integral para la recuperación de la vaquita marina a largo plazo.
● Un plan de acción de las medidas propuestas para fortalecer las instituciones garantes del patrimonio natural de México.
● Programas de Manejo para todas las ANPs, los cuales deben ser elaborados, consultados y consensuados con las comunidades indígenas y campesinas.
● Un modelo económico que asegure que situaciones como las que ocurren en el Alto Golfo no se repitan en México. Para ello las autoridades deben asegurar la supervivencias de las familias y su armonía con el medio ambiente, combatiendo las actividades ilegales (pesca en este caso) que hacen insostenible la actividad pesquera y la supervivencia de la vaquita marina.

Manejo de residuos

La contaminación plástica es una grave problemática a nivel mundial, recientemente los países del G7 (excepto Estados Unidos) se han comprometido a luchar contra el exceso de plásticos de un solo uso.

México es el primer lugar en consumo de agua embotellada y refrescos, cuyos envases en un gran porcentaje terminan en ríos, barrancas y  los mares y aún así la ley en nuestro país lo considera una responsabilidad compartida entre fabricantes  ciudadanía cuando la tendencia mundial es hacia legislaciones de responsabilidad extendida hacia el productor.

Aunque los únicos que hablan sobre el manejo de residuos son José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, ninguno plantea la  reducción de estos desde el origen;  mientras que Ricardo Anaya se limita a hablar de impulsar a las empresas limpias. El candidato del PR menciona modelos de economía circular sin aclarar cómo se realizarán y propone favorecer la incineración a través de plantas termovalorizadoras para generar energía.

Frente a esta propuesta manifestamos nuestro amplio rechazo por las desventajas e implicaciones ambientales y a la salud del uso de este tipo de tecnologías [9]. En su lugar, urge adoptar medidas de basura cero para reducir la cantidad de residuos generados en el país.

En ese sentido se requiere:

● Adoptar modelos de basura cero, que fortalezcan proyectos de economía circular para acabar con la cultura del usar-tirar. Para ello deben existir una ley donde la responsabilidad sea extendida al productor y no compartida como hasta ahora, que obligue a las empresas a que se hagan cargo de losdesechos que generan y no se ponga el foco en lo que los ciudadanos puedan hacer.
● Avanzar hacia modelos de Basura Cero donde los ciudadanos tienen opciones para dejar de consumir productos que aportarán a la  generación de residuos sólidos.
● Una ley de responsabilidad extendida al productor
● Evitar comprometer los residuos en una planta termovalorizadora.

Referencias

[1] Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI). Actualización del INEGYCEI 1990–2015. INEEC. Consultado en: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-ycompuestos-de-efecto-invernadero

[2] Cambio climático 2014. Informe de síntesis. IPCC. Consultado en: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
[3] Fondo Sectorial de Investigación Ambienta (p. 37-44). Semarnat-Conacyt. Consultado en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/301858/FSIA_INECC_book_pages_V2.pdf
[4] Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. INECC.
[5] Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Nota Informativa “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, al cierre de 2017”. Consultado en: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2018/notacefp0082018.pdf
[6] Datos del año 2016 tomados del Coneval 2017
[7] México protege hoy 90.6 millones de hectáreas terrestres y marinas. Semarnat. Consultado en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-protege-hoy-90-6-millones-de-hectareasterrestres-y-marinas?idiom=es
[8] Decreto por el que se declara como área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida como Revillagigedo, localizada en el Pacífico Mexicano. DOF. Consultado en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5505736&fecha=27/11/2017
[9] Incineración de residuos en la Ciudad de México. Greenpeace. Consultado en: http://m.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/report/2017/basura/Incineracion%20de%20residuos%20en%20Ciudad%20de%20Mexico.pdf


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